Zapatero confía otros 20 millones a UGT y CCOO para cursos de formación a funcionarios
La delicada situación financiera que atraviesa España no ha frenado el aluvión de subvenciones que cada día reparte el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Y en el caso de los sindicatos, suma y sigue. Según una resolución publicada ayer, UGT y CCOO gestionarán este año 20,63 millones en ayudas destinadas a financiar cursos de formación entre los funcionarios. Ninguna de las dos centrales sindicales tiene motivos para sentirse agraviada. La organización de Cándido Méndez administrará 10,31 millones de euros, la misma cuantía que la de Ignacio Fernández-Toxo. Controlarán el 77% del total de fondos consignados.
La formación a los empleados públicos constituye sólo una gota en el océano. Como publicó recientemente El Confidencial, las principales centrales sindicales manejaron en 2010 casi 155 millones de euros en ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal para cursos de formación para el empleo. UGT se llevó la palma al administrar 79,5 millones; CCOO sólo acaparó 74,9. En todo caso, se trata de cifras que sólo reflejan una parte del dinero que intermedian las centrales, ya que no contemplan fondos como los autonómicos. Los sindicatos no ofrecen datos agregados sobre el dinero que tutelan.
Los fondos para los funcionarios, que serán desembolsados por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), servirán “para el desarrollo de planes de formación interadministrativos” o que impliquen a más de una administración. UGT recibe el dinero y montará los planes a través de sus Federaciones de Servicios de Públicos y de Trabajadores de la Enseñanza; CCOO lo hará por mediación de sus Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, de Sanidad y de Enseñanza. El montante acordado para 2011 no difiere en exceso del aprobado para 2010, que alcanzó los 22,3 millones.
Como tercera central en discordia, CSI-F se hará cargo de 4,2 millones de euros. En total, una quincena de organizaciones sindicales ‘comparten’ 26,7 millones como “entidades promotoras” de los cursos. No son las únicas organizaciones que recibirán dinero del INAP para la puesta en marcha de programas. También se comprometen 5,9 millones de euros cuya gestión correrá a cargo de diferentes asociaciones de municipios y provincias. Por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) administrará casi 1,1 millones.
Del mismo modo, la Administración del Estado retiene 6,6 millones de euros para poner en marcha sus planes. El propio INAP se reserva 4,5 millones para implementar cursos de formación. Según su Estatuto, aprobado el 1 de abril de 2011, el Instituto “es un organismo público dedicado a la selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos, así como a la realización de estudios y publicaciones en el ámbito de la Administración y la Función Pública”.
A la espera de ‘sus’ fondos
Además del dinero que gestionan, los Presupuestos Generales del Estado consignan cada año una dotación que sindicatos y patronal reciben en concepto de representación institucional. Pese al duro ajuste contemplado para las cuentas públicas para 2011, el Ejecutivo decidió no tocar ni un euro de las subvenciones contempladas para las centrales sindicales, que recibirán casi 20,6 millones este año. Aunque Trabajo suele publicar el reparto de estas ayudas entre febrero y marzo, el BOE no ha reflejado todavía cómo se distribuirán en el presente ejercicio. UGT y CCOO se embolsaron más de siete millones de euros cada una en el pasado.
El sindicato que lidera Cándido Méndez no quiso quedar ayer al margen del anuncio del Banco Central Europeo (BCE), que omitió cualquier referencia a la compra de deuda española y apuntaló una caída del Ibex 35 del 3,89%. En un comunicado, UGT insistió en que las “políticas de recorte” sólo han empeorado la situación en Europa e hizo hincapié en que “las reformas y ajustes empobrecen aún más a los ciudadanos, no evitan los ataques especulativos y ponen el peligro el proyecto europeo”. En esa línea, reclamó que los instrumentos financieros de la UE se dediquen a “comprar deuda de los países europeos a precios razonables”.
